La nueva Ley de Delitos Económicos en Chile

En agosto de 2023, se publicó la Ley N°21.595, una legislación que moderniza la regulación de los delitos económicos en Chile. Esta ley busca establecer un marco más estricto para los delitos financieros, conocidos como “delitos de cuello y corbata”, aumentando las sanciones y ampliando el catálogo de delitos imputables a las empresas.

Esta ley tiene como objetivo principal evitar la sensación de impunidad frente a la comisión de delitos económicos, considerando su impacto social, económico y medioambiental. Además, se busca concientizar a los miembros de las empresas sobre la importancia de cumplir con las normativas legales y adoptar una cultura real de prevención de delitos.

¿Qué son los Delitos Económicos?

Los delitos económicos en Chile son aquellas conductas ilícitas que afectan el orden socioeconómico, generalmente cometidas por personas en posiciones de poder dentro de empresas o instituciones financieras. Estos incluyen prácticas como la colusión, el lavado de activos, la evasión tributaria, y la corrupción, entre otros. Estos delitos tienen un impacto significativo en la economía y la confianza pública, ya que suelen involucrar grandes sumas de dinero y afectar la transparencia del mercado.

Principales cambios y requisitos

La ley introduce un estatuto diferenciado para determinar penas, haciendo más probable la privación de libertad efectiva para estos delitos. También se amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se fomenta la implementación de Modelos de Prevención de Delitos. Las nuevas normativas se aplican principalmente a medianas y grandes empresas, excluyendo a pequeñas y microempresas.

Categorías de delitos

Esta ley clasifica los delitos económicos en 4 categorías:

1. Delitos que afectan el mercado financiero: Incluyen colusión, delitos bursátiles y corrupción entre particulares.
2. Delitos en el ejercicio de funciones empresariales: Como delitos informáticos, tributarios y medioambientales.
3. Delitos cometidos por funcionarios públicos con participación empresarial: Ejemplos son la falsificación de documentos y el cohecho.
4. Receptación y lavado de activos: Relacionados con los delitos de las otras categorías.

Atenuantes y agravantes

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que pueden influir en la severidad de la pena impuesta. Las agravantes son situaciones que incrementan la gravedad del delito, como la posición jerárquica alta del infractor dentro de una organización. Por otro lado, las atenuantes son circunstancias que pueden reducir la severidad de la pena, como tomar medidas para mitigar los daños después de cometer un delito. Estas disposiciones aseguran que la pena sea proporcional a la conducta delictiva y su contexto.

Consecuencias para personas naturales y jurídicas

Para las personas naturales, la ley elimina la libertad vigilada e introduce nuevas penas como la reclusión diurna y de fin de semana. Se mantiene la remisión condicional para casos menos graves. Además, se instauran las penas de días multa, calculadas según el nivel de ingresos del condenado.

Para las personas jurídicas, se mantienen las penas de la Ley N°20.393, como la extinción de la persona jurídica y la inhabilitación para contratar con el Estado. Se añaden nuevas penas, incluyendo la supervisión por parte de un “Supervisor” externo y las penas de días multa.

La importancia de modelos de prevención de delitos

La implementación efectiva de Modelos de Prevención de Delitos puede eximir a las organizaciones de responsabilidad penal. Estos modelos deben identificar actividades riesgosas, establecer protocolos preventivos, asignar responsables y ser evaluados periódicamente por terceros independientes.